Artículo de Opinión
DEMOCRACIA VIGILADA
Por: Vicente Scordamaglia
La información que
está circulando por estos días de que efectivos norteamericanos se encuentran
realizando maniobras de instrucción a nuestras fuerzas de seguridad, con el
argumento de optimizar la seguridad en vistas a la Cumbre del G20, dista mucho
de ser un argumento válido, y mucho menos cuando es pasado olímpicamente por
alto el Congreso de la Nación
en cuanto a sus responsabilidades y sus facultades inherentes a uno de los tres
Poderes de la Nación.
Si así fuera,
perfectamente factible una asistencia profesional, no queda muy claro porque no
se autoriza por vía legal y legítima con una presentación a las dos Cámaras del
Congreso el ingreso de fuerzas militares estadounidenses para tal fin en
territorio argentino según dicen. Así, en los términos planteados por el
gobierno nacional, no solo es ilegal sino que además es un daño a la soberanía
de nuestro territorio nacional.
Este tipo de
operaciones, están perfectamente contempladas en la ley 25.880 en donde
dice que el Poder Ejecutivo debe
solicitar al Congreso de la
Nación la autorización para permitir el ingreso de tropas
extranjeras en nuestro territorio, lo mismo que si fuera en el caso contrario
de autorizar su salida de nuestras propias fuerzas armadas por el motivo que
sea.
Así debe hacerse (según
mi conocimiento parlamentario) mediante
presentación de proyecto de ley, refrendado por los ministros
competentes.
En este sentido bien cabe hacerse la pregunta: ¿por qué el
gobierno no realiza el trámite correspondiente en vez de transitar el atajo
teniendo los instrumentos necesarios? Tal vez se podría pensar en lo engorroso
del trámite, o que el gobierno quizás no tiene ganas de someter dicha decisión
a manos de los legisladores teniendo en cuenta que pesa sobre sus espaldas la
carga sobre la decisión de no haber pasado por el Congreso el pedido del
préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Algunos legisladores ya comienzan a hacerse la misma pregunta
y solicitarían un pedido de informes al Poder Ejecutivo a sabiendas que
difícilmente dicho informe prospere, pero dejando bien en claro que dichas
prácticas no solo son perjudiciales contra la calidad institucional sino que
además, constituye un serio riesgo que el gobierno pone en juego sobre la
soberanía nacional.
La dependencia de este gobierno con el poder internacional se
manifiesta en la pérdida de soberanía económica cuando deciden acudir
nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y solicitar un nuevo
salvataje de 50.000 millones de dólares sin olvidar que anteriormente ya había
solicitado 140.000 millones que en el
término de 30 meses este gobierno endeudó a los argentinos poco menos de
200.000 mil millones de dólares (a una tasa del 8% con probabilidad de que se
incremente al 10% si no se consigue llegar a alcanzar las pautas impuestas por
el FMI) no para proyectos productivos sino para paliar el déficit, en el cual
esta misma administración nos ha colocado en tiempo récord sin que todavía se
visualice mejora alguna para el país y nuestro pueblo.
Cuando los mercados internacionales huelen conflictos y poca
solvencia de credibilidad, no solo que no invierten sino que además participan
del desguazamiento de las naciones en quiebra.
Finalmente hay que destacar que ambos problemas son parte de
la misma trama en donde el gobierno del Ingeniero Macri acaba de colocar a la
República Argentina en una franca dependencia económica y si cabe la hipótesis también
territorial aceptando las recomendaciones del FMI y adiestrando a nuestras
fuerzas de seguridad no solo para la seguridad del G20 sino para contener (o reprimir)
los seguros conflictos sociales que sin duda con el ajuste que el mismo
gobierna, están a punto por detonar.