CONSENSOS, DECRETOS Y
OTRAS YERBAS
Las razones por las cuales el oficialismo encuentra justificado
gobernar por decreto de necesidad de urgencia (DNU) son la falta de mayorías
parlamentarias. Mientras dure la recesión en ambas Cámaras, Diputados y Senado, y como se explican a sí mismos no se puede esperar
hasta marzo para tomar algunas medidas traumáticas (despidos indiscriminados). Aluden
a la necesidad de tomar decisiones en el corto plazo, aunque esto tenga un
costo político y sea del modo más conflictivo con el que lo hizo el
Kirchnerismo cuestionado por el conjunto de la oposición incluyendo al actual
gobierno quienes los criticaron hasta el hartazgo. Esta metodología no es que
no esté contemplada en la Constitución
Nacional
La salida a todos los inconvenientes aludidos se hubieran
resuelto con un simple llamado a sesiones extraordinarias, facultad esta que
posee el Presidente de la
Nación ; convengamos entonces que las razones aludidas no se
corresponden con la realidad y es justo sospechar entonces que las razones que
tiene el gobierno son otras más allá del simple inconveniente del receso
parlamentario.
Es evidente por lo que sabemos, que el actual gobierno
comienza a tomar plena conciencia de la situación en la que se encuentra el
Estado Nacional, Provincial y los Municipios en general; el desorden
generalizado que subyace en la administración pública es comparable al de una
ciudadela tomada por fuerzas invasoras luego de sufrir una derrota frente al
enemigo. Entre los que vienen y los que se van no existe ningún orden posible;
las oficinas en muchos casos todavía permanecen ocupadas por los
funcionarios del gobierno anterior, las
cajas saqueadas y los instrumentos de medición destruidos adrede para
dificultar cualquier medición posible en el corto plazo, y, como si esto fuera
poco, la orden que emana de su jefa política hacia los legisladores es la de
obstruir todo lo posible la acción del nuevo gobierno para que este no pueda
resolver ninguno de los problemas existentes en nuestro país, prueba de ello es
la de sabotear la aprobación del presupuesto 2016 para la Provincia de Buenos
Aires.
¿Qué hizo que se acelere la campaña de desgaste preparada por
el gobierno saliente? Esos secretos a voces dicen que el gobierno nacional
prepara una ofensiva judicial contra los funcionarios emblemáticos del
Cristinismo, creyendo estos, que la sociedad está dispuesta a bancarlos en esta
cruzada “moralizadora” de la política. Dicha decisión del gobierno está fundada
en que es necesario desmontar primero el poder de la corrupción vinculada al
narcotráfico con ramificaciones en la política existente y en todas las
estructuras del estado nacional (léase la fuga del penal). Antes o en paralelo
de proceder a una reforma profunda que cambie definitivamente las reglas de
juego entre el poder político la gente y sus legítimos representantes es
necesario intervenir los focos putrefactos del poder en la Argentina.
Es evidente que cambiar de raíz las condiciones de impunidad
en la que se encuentra el país requiere de un apoyo decidido de la población y
el apoyo explícito de todas las fuerzas políticas y sociales para erradicar
definitivamente este flagelo que tiene en vilo a todos los argentinos. El gobierno
se ha dado cuenta que tiene en el corto plazo dos opciones: una considerar que
ésta es la madre de las batallas y como tal jugarse todas las fichas en ella y
la segunda es que decida negociar con sectores de mucho poder en Argentina que
conciben a la política al límite de lo posible.
Una duda cruel me aqueja: ¿Está la sociedad argentina lista para empujar
un cambio profundo con todos los riesgos que eso implica? O como dicen algunos
sectores del medio político sindical ¿a
este gobierno le falta política?.
Vicente Scordamaglia
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